La tensión entre la militarización de las fronteras marítimas y los derechos humanos de los migrantes en altamar

Daniel R. Mekonnen

Introducción

La Unión Europea (UE) tiene uno de las fronteras más peligrosas en su extremo sur, frente a las costas del Mar Mediterráneo. En los últimos años, esta frontera marítima, especialmente la península italiana, se ha convertido en una fosa común de inmigrantes debido a la recurrencia de trágicos naufragios, usualmente a distancias tan cercanas a los poblados costeros que podrían recibir intervenciones de rescate en tiempos oportunos. Este problema ha puesto en evidencia a algunas instituciones europeas, ya que en parte ocurre debido a la falta de una estrategia efectiva de intervención por parte de la UE. Esto indica que la seguridad legal y las disposiciones que resguardan los derechos humanos contrastan enormemente con la militarización de la seguridad fronteriza.

Otro aspecto vergonzoso de esta crisis es que es el resultado de un estrecho interés político que prioriza la seguridad de las fronteras marítimas a expensas de los “derechos humanos de migrantes en altamar.”¹ Tomando como ejemplo algunas de las tragedias más recientes ocurridas en el Mediterráneo, que aparecen como horrendas manchas en los anales de la historia europea moderna, esta breve contribución aboga por la clausura de la brecha existente entre la defensa de los derechos humanos y la “seguridad” militarizada de las fronteras marítimas europeas.

Tragedias despreciables de gran escala

Ciertamente, los detalles de las numerosas tragedias marítimas que han sucedido en el Mar Mediterráneo en los últimos años son demasiados extensos como para ser enumerados en un artículo breve como éste. Aquí escogeré cuidadosamente los dos ejemplos más importantes, seleccionados principalmente por la cobertura mundial que recibieron y el consiguiente clamor que generaron. Pienso que al hablar de dos de los casos más representativos, se puede hacer algo de justicia divulgando el llamado a la responsabilidad en torno a estas injusticias que el mundo ha presenciado en el último tiempo.

Estos dos ejemplos son el “barco de los abandonados hasta morir” (LTDB por sus siglas en inglés: “left-to-die-boat”) de marzo de 2011 y la tragedia de Lampedusa de octubre de 2013. Ambas se destacan como dos de los casos más importantes que demuestran los vacíos existentes en la protección de los derechos humanos de los migrantes en altamar a nivel europeo.

El accidente del LTDB involucra el peligro que enfrentaron unos 72 inmigrantes, quienes zarparon desde Trípoli la noche del 27 de marzo de 2011 en una embarcación hacinada. Los migrantes permanecieron en el mar durante dos semanas, azotados por el hambre y la sed. El viaje terminó en una trágica masacre que dejó a apenas nueve pasajeros sobrevivientes. La mayoría de las 63 personas murieron durante ese período debido a la falta de operaciones de rescate oportunas. Cuando el barco finalmente logró tocar tierra en Zliten (al sudeste de Trípoli), empujado por las olas, sólo once migrantes habían sobrevivido. Dos de ellos fallecieron al poco tiempo. Desgraciadamente, este trágico “accidente” ocurrió en momentos en que había alta presencia militar en el Mar Mediterráneo en comparación con las operaciones que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desplegó contra el régimen del ex dictador libio Muamar el Gadafi.²

El segundo ejemplo es la tragedia de Lampedusa, que tuvo lugar el 3 de octubre de 2013. Ésta consistió en el vuelco de una embarcación sobrecargada de inmigrantes en la costa de Lampedusa, a menos de medio kilómetro de la isla, según informaron los medios. El hecho de que el accidente haya ocurrido a una distancia tan cercana de la costa italiana fue interpretado por muchos como el resultado de un deplorable error de las autoridades italianas, tácitamente justificada por el resto de Europa.

La necesidad de un mecanismo sólido de responsabilidad internacional

Las dos tragedias tratadas anteriormente han atraído gran atención internacional, evidenciando inmensas deficiencias por parte de algunos estados de la UE y de la OTAN. En el caso particular del LTBD, hay problemas centrales de responsabilidad que aún no tienen respuesta ya que el accidente sucedió a pesar de que el barco de inmigrantes fue efectivamente avistado en una etapa temprana de la crisis por un helicóptero militar y por varias embarcaciones (civiles y militares) que navegaban en el área. Se señala que las aeronaves y embarcaciones militares habrían pertenecido a la OTAN y a otros estados europeos. De hecho, una llamada de auxilio que había sido enviada desde el barco de inmigrantes fue debidamente recibida por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCSM) de Roma, siendo luego trasmitido a varias embarcaciones en el área, incluyendo al Comando Conjunto de la OTAN en Nápoles. No se realizó ninguna acción para salvar las vidas de los migrantes en altamar.³

A pesar de la existencia de un marco legal internacional bastante adecuado para resguardar los derechos humanos de los migrantes en altamar, las inmensas deficiencias reveladas en estos dos casos se debieron en parte a las aparentes brechas institucionales que debiesen haber originado el marco legal internacional actual. Este marco legal se basa en las disposiciones atingentes de los tratados marítimos y en el amplio cuerpo de lo que se conoce generalmente como derecho humanitario internacional. La actual brecha institucional requiere una acción sólida que apunte a fortalecer el marco legal internacional adecuado, con miras a entregar un resguardo efectivo de los derechos humanos de los migrantes en altamar. Para ello es esencial garantizar la responsabilidad e imputabilidad legal de las acciones injustas cometidas por las organizaciones y entidades internacionales poderosas, tales como la OTAN.

A nivel de la Unión Europea existe también la necesidad urgente de reevaluar las políticas actuales de control fronterizo de la UE, a fin de enriquecer un enfoque que considere no sólo la preocupación europea por la seguridad marítima (militarización) sino también los derechos humanos de los migrantes en altamar. Sin relegar el problema a los estados litorales, que siguen recibiendo de manera desproporcionada un flujo de inmigrantes por vía marítima, la UE como bloque regional debe generar una respuesta para este problema desde un enfoque holístico. Sin socavar algunas de las positivas discusiones que se están dando a nivel de la UE, es importante resaltar también que se deben implementar medidas estrictas de responsabilidad para evitar la inmensa magnitud de errores como los vistos en los casos del LTBD y la tragedia de Lampedusa. A fin de cuentas, no es la militarización de la seguridad fronteriza la que crea un mundo mejor y más seguro, sino las políticas de inmigración ancladas en la necesidad de otorgar máxima prioridad a la seguridad de la persona humana: sin importar que ésta sea migrante o no.