La nueva pacificación “cordial” de la Araucanía: asimilación cultural y beneficios para las forestales

El pasado 23 de junio, la Presidenta de Chile Michelle Bachelet dio a conocer su nuevo “Plan de Reconocimiento y Desarrollo de la Araucanía”, y pidió perdón por “haber fallado como país”, y por los “horrores y errores” cometidos por el  Estado chileno contra los pueblos originarios.  Sin embargo, fuera del tardío reconocimiento, en las postrimerías de su segundo gobierno, y después de haber impulsado la criminalización de los mapuche, el pueblo originario más importante de Chile, y la aplicación de la “ley antiterrorista” en la zona donde habitan, pensamos es necesario detenernos para comprender lo que desde el gobierno realmente se pretende.

Este plan intenta dar respuesta a lo que los medios han denominado el “conflicto mapuche”, una terminología que sutilmente criminaliza la causa de este pueblo originario. En realidad se trata de la “ocupación del Wallmapu”, de la ocupación del territorio que históricamente a pertenecido a los mapuche. Según el historiador e investigador del Observatorio de los Derechos Indígenas, Martín Correa: “Cuando las comunidades mapuche plantean: ‘esas tierras son nuestras, esas tierras nunca las vendimos’, es verdad. Esas tierras fueron usurpadas legalmente, mas no legítimamente por el Estado chileno. Y hay una continuidad tanto de la usurpación como de la represión (…) Estamos hablando de cuatro generaciones de represión, de usurpación y de muerte de las cuales el Estado chileno no se quiere hacer cargo”.

A estos hechos han seguido ahora la intensificación de allanamientos en comunidades mapuche, con niños y adultos heridos, el aumento en dotación policial en la zona y su “militarización”, la reunión de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) con efectivos de las Fuerzas Armadas para desarrollar una estrategia conjunta de intervención “antiterrorista”, y la permanente amenaza de aplicar un decreto de “estado de excepción constitucional”, que implicaría restringir aún más los Derechos Humanos de las comunidades mapuche y entregar al Ejército el control en la zona…  En otras palabras, una vez más la misma política que se ha aplicado durante décadas para intentar apaciguar el conflicto, con sangre y balas.

Ninguna de estas problemáticas son abordadas por el ambicioso plan con que ahora la Presidenta pretende poner punto final al conflicto. La política “antiterrorista” impulsada por el gobierno no fue abordada en su mensaje por lo que podemos esperar que siga paralela al plan que ahora anunciado, lo que de partida lo invalida y lo condena al fracaso.  O sea, para las cámaras de televisión se muestra mano blanda, “cordial”, y para los mapuche, el garrote si no aceptan el plan que se les ofrece.

Lo que si queda claro en el plan gubernamental es que se iniciará un proceso de nueva institucionalización del conflicto, con el objetivo de encausarlo e invisibilizarlo.

Aunque el proceso constituyente que pretendió una nueva Constitución para Chile ha fracasado, el gobierno insiste ahora en el Wallmapu, impulsando la realización de un “Proceso Constituyente Indígena”. Este proceso por supuesto no ha sido pedido por las comunidades mapuche ni responde a su horizonte cultural de resolución de conflictos. Es un elemento extraño con el que se experimentará y que de seguro no responderá a las verdaderas aspiraciones que tienen como pueblo.

A parte de la creación de un oneroso nuevo aparato burocrático institucional (ministerios, institutos, fondos, estudios, subvenciones, inversiones, etc. etc.), se pretende impulsar el “desarrollo productivo” en la zona mapuche. Esta es la varita mágica que emplean los gobiernos neoliberales para dar “solución” a la pobreza... Porque, a parte de los discursos que se hagan, los mapuche lejos de ser tratados como miembros de una nación, de un grupo social con sus propias motivaciones y complejidades, serán tratados como “familias vulnerables”, aplicándoseles todo el evangelio y decálogo capitalista neoliberal que "soluciona" todos los males de “la pobreza”. Esto, sin considerar que los mapuche no son ni han sido nunca un pueblo capitalista, que acumule riquezas, comercie o “emprenda” a través de micro-mini-peque-pyme empresas como gusta de categorizar a los tecnócratas del desarrollismo social.

Un punto relevante en el plan, que merece mención a parte es: “CORFO (la Corporación de Fomento chilena) diseñará un Fondo de Forestación, que comenzará a funcionar el segundo semestre de este año, para la plantación, manejo y operación de predios indígenas con aptitud forestal que los propietarios, las comunidades deseen destinar a este fin.”  Ni con todos los incendios forestales del verano pasado, en que quedo en evidencia la combustibilidad de los monocultivos de pinos y eucaliptos, ni con todas las denuncias que hacen los mapuche por la sequía y destrucción que estas plantaciones provocan en sus comunidades, el gobierno rectifica en su permanente intento de beneficiar este tipo de cultivos tan dañinos para las comunidades mapuche y campesinas, y para el medio ambiente.

Finalmente, como broche de oro, el plan contempla la implementación de una “Política para la protección y el apoyo a todas las víctimas de la violencia en la Región”, un ente extraño que intenta dejar tranquilo a todos; sobre todo a los democristianos y la derecha. En virtud de esto, el gobierno pretende entregar nuevos subsidios a las forestales y a los grandes empresarios, como forma de apaciguar sus demandas en pos de calmar la “violencia política” a que hace mención la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), representante de los empresarios, los administradores locales de las transnacionales.

Así como hace más de 100 años el Estado chileno a través de la guerra y la ocupación por colonos extranjeros intentó una “pacificación de la araucanía”, hoy por medios más “cordiales” pero no menos espurios, intenta la asimilación cultural de los mapuche en la categoría de “familias vulnerables”, mismo brutal “programa de ayuda” que se utiliza para la gran masa oprimida y explotada de nacionales chilenos mestizos.