Nuestra policía está militarizada y eso necesita ser tratado

Laura Pollecutt

En los años del apartheid, se desarrollaron debates dentro y fuera del país sobre cómo funcionarían las instituciones estatales de seguridad en un estado democrático postapartheid. Estos debates se intensificaron en los últimos años de dicho régimen.

Existía poca diferencia entre el ejército y la policía del apartheid, ya que se usaba a ambas fuerzas para que mantengan al gobierno minoritario en el poder mediante medios de represión. De hecho, estas dos instituciones, con frecuencia, competían por ver quién serviría mejor a las autoridades del Partido Nacional. La policía tenía poderes de amplio alcance y contaba con un vasto armamento para sofocar la “agitación”.

Luego del año 1994, fue importante asegurar que se realizaran cambios en la fuerza policial y que ésta pudiera realizar sus deberes de manera que brindara un servicio a los ciudadanos. En consecuencia, el nombre de Policía Sudafricana (fuerza) pasó a ser Servicio de la Policía Sudafricana para resaltar el cambio de actitud que se requería. Además, se introdujeron nuevas estructuras jerárquicas dentro la fuerza policial para desmilitarizar a la misma.

Los niveles de delito en Sudáfrica son altos. En consecuencia, los ministros del gabinete policial y los comisarios postapartheid han complacido las demandas de más de lo que el gobierno apartheid habría llamado “Kragdadigheid”¹ (que significa fortaleza, puño de hierro) en lo que concierne al delito. El lenguaje era y aún es “el lenguaje de guerra”. La jerarquía policial propone más agresión en la persecución y el arresto de los criminales y habla de manera constante sobre “la guerra contra el delito”. A pesar de ser un acto ilegal, se impulsa a los oficiales a que “disparen para matar”. Aquellos que creen que la policía debe ejercer el rol de juez y ejecutor prefieren asegurar que los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos comunes.

Los partidarios de la desmilitarización se opusieron a la remilitarización de los servicios policiales propuesta de manera regular por los políticos y se manifestaron particularmente cuando se conoció que las movilizaciones estaban en marcha para volver a introducir cargos militares. A pesar de esta oposición, los mismos se reintrodujeron en 2010 en los cargos que existían bajo el régimen apartheid. El cambio no fue popular, ni siquiera dentro de los servicios policiales.

En 2011, el Sindicato de Derechos Civiles de Empleados Policiales y Penitenciarios (POPCRU, Police and Prisons Civil Rights Union) trató de que la reintroducción de los cargos militares se declarara ilegal recordándoles a los sudafricanos que: «Fue precisamente para terminar con el pensamiento de “los soldados en guerra” y para desarrollar un servicio policial democrático y responsable que la desmilitarización de la policía fue una parte importante de la política del Congreso Nacional Africano (ANC, African National Congress)».

El POPCRU no tuvo éxito. Sin embargo, es probable que la militarización haya prosperado de verdad en la política de orden público.

A principio de la década de los noventa, luego de que se levantara la prohibición de los movimientos de liberación, hubo discusiones entre estos movimientos y el gobierno apartheid. En ese momento el país estaba plagado de violencia política interna y se establecía una “división en la estabilidad interna”. Luego de las elecciones de 1994, la unidad fue renombrada Policía Pública en consonancia con el tratamiento de las percepciones negativas que se tenían de las fuerzas de seguridad del apartheid.

Se adoptaron modelos progresivos de vigilancia policial y se hizo un control del orden público más sencillo. Según el testimonio de Tait y Marks en la edición N°38 de la publicación trimestral sobre el delito en Sudáfrica, You strike a gathering you strike a rock², de diciembre de 2011: «El entrenamiento para la vigilancia del orden público hizo hincapié en cambiar el “control de la multitude” por el “manejo de las mismas”. Se les pidió a los miembros de la unidad de vigilancia del orden público que pensaran en formas de vigilar a las multitudes que impliquen el uso mínimo de fuerza, que negociaran con representantes sindicales y autoridades sobre planes de vigilancia y sus resultados, que emplearan tácticas de vigilancia que demuestren tolerancia, que utilizaran armas que encajen en el nuevo marco de control de la gente».

Creo que es seguro decir que este modelo se guio por lo que se había previsto en la Ley de Regulación de Concentraciones que se aprobó poco antes del nuevo sistema. Sin embargo, una ley defectuosa en múltiples formas, se alejó de la vigilancia represiva hacia las concentraciones que llevo a cabo el gobierno apartheid. No obstante, la reestructuración en el paso de los años interrumpió el enfoque iniciado y emergió (o, posiblemente, volvió) un enfoque a la vigilancia del orden público de estilo más paramilitar. En un principio, estas unidades eran conocidas como Unidad Táctica de Respuesta (TRUs, Tactics Response Unity ), pero, más tarde, se las volvió a llamar Vigilancia de Orden Público.

La frustración y la desilusión por el ritmo de la ejecución han dado origen a protestas frecuentes por la prestación de los servicios, muchas veces acompañadas de confrontaciones con la policía y destrucción de propiedades. Estudios han demostrado que estas protestas se salen realmente de control solo cuando las comunidades creen que los representantes del gobierno no las escuchan. Desde el año 2004, al menos 44 personas han muerto en las protestas en manos de la policía. Esta cifra incluye la masacre en Marikana, donde hubo 34 personas muertas y 78, heridas. Sudáfrica espera el resultado de la comisión de investigación sobre este incidente horrendo.

Debido al entrenamiento ofrecido por la policía francesa, el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, South African Police Service) ha tenido una tendencia hacia el modelo de vigilancia del orden público usado por los franceses. Como advertencia con respecto a la aceptación de este modelo, Tait y Marks sostienen que las tácticas de la gendarmería francesa son efectivas, pero también se las critica por considerárselas paramilitares y se basan en demostraciones de fuerza. Desafortunadamente, la demostración de fuerza se está convirtiendo en una actividad habitual en la vigilancia del orden público.

Tanto la policía como la unidad de vigilancia del orden público se vieron involucradas en la matanza de Marikana. En ese momento, la Campaña de Cese de Hostilidades expresó su preocupación de que antes y durante el incidente propiamente dicho, a la policía le había faltado poner límites en situaciones de control de la multitud. El Cese de Hostilidades estaba insatisfecho también por el extenso poder de disparo que se mostró (demostración simbólica de poder por parte de una fuerza paramilitar) antes de que la policía abriera fuego, posiblemente, bajo la creencia errónea de que así detendrían a los manifestantes. La historia nos enseñó que en lugar de atenuar una situación de tensión, las armas tienden a agravarla.

Hubo una convocatoria para volver a capacitar a la Unidad de Vigilancia del Orden Público y se retomó el modelo que se usó en los primeros años de nuestra democracia. Jan Burger, del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS, Institute for Security Studies) llamó la atención sobre secciones del Plan de Desarrollo Nacional 2030 de Sudáfrica (NDP, National Development Plan), tituladas “Nuestro futuro – hazlo funcionar”. Este plan contiene varias recomendaciones de amplio alcance, que, según Burger, si se implementaran, podrían lograr mejoras impresionantes, no solo en el sector de vigilancia sino en todo el gobierno. «El NDP recomienda firmemente que se desmilitarice a la SAPS y que esto se haga lo más pronto posible. También recomienda que se revise la cultura organizacional de la policía a fin de evaluar los efectos de la militarización, la desmilitarización y la remilitarización y “las reiteradas crisis del cargo superior”.

No obstante, Jan Burger sostiene que no hay suficiente contenido en las recomendaciones en cuanto a su comprensión de la militarización y la desmilitarización, y apoya la opinión de que volver a cargos antiguos que no eran militares no puede ser la única forma de desmilitarizar a la policía. Burger hace referencia a un seminario llevado a cabo por el ISS el 11 de abril de 2013, al que se tituló: “Comprender la brutalidad de la policía de Sudáfrica: desafíos y soluciones”, en el que declara que se discutió que: «la policía no se militariza o desmilitariza solo a través de cambios de rangos. Por lo contrario, es mediante el lenguaje y el tono de sus líderes políticos y superiores que se contribuye a la creación de una forma de militarización».

Lamentablemente parece haber una brecha entre lo que el NDP recomienda y la percepción que tienen aquellos involucrados en la vigilancia sobre la restitución del estilo paramilitar de la vigilancia del orden público. En la sesión informativa parlamentaria de septiembre de 2014, no se hizo referencia al NDP y se mostró poca preocupación por el derecho a manifestarse de los ciudadanos que resultó ileso. La presentación aboga por un incremento de recursos de acuerdo con la naturaleza paramilitar de la unidad. Parecería que se están tomando medidas para imponer la autoridad del Estado sobre la disconformidad del liderazgo a través de la vigilancia del orden público hasta las elecciones municipales del próximo año.

En la declaración de una campaña llamada Derecho a Saber (R2K, Right to Know) publicada el 21 de Marzo, Día de los Derecho Humanos, la campaña exige que se respeten los derechos de las persona a la protesta, la libertad de reunión y la libertad de expresión y que estos sean protegidos por la policía. En conclusión: ¡la policía debe cambiar!

La creciente criminalización de las protestas es un ataque a la libertad de expresión y reunión. El derecho a la protesta estuvo en el centro de la lucha democrática por la libertad. Movilizar la fuerza bruta contra individuos sin armas es un insulto no sólo a la libertad de expresión y reunión consagrada en la Constitución, es un rechazo al legado de lucha que nos dejaron los miles de personas que pagaron el precio final.

Notes