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Con motivo del Día Internacional por la Paz, el 21 de septiembre, Connection e.V., International Fellowship of Reconciliation, la Oficina Europea para la Objeción de Conciencia y la Internacional de Resistentes a la Guerra han lanzado una campaña de recolección de firmas para desertores y objetores de conciencia de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Aquí puede saber más y firmar.

En un llamamiento conjunto a los miembros del Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, una amplia alianza de la sociedad civil de 20 países ha pedido a los gobiernos europeos que otorguen protección y asilo a los objetores de conciencia rusos y bielorrusos, así como a los ucranianos y desertores. Necesitan protección y asilo inmediatos.

Una coalición de organizaciones europeas en contra del comercio armamentista ha criticado el acuerdo provisional entre el comité del Parlamento europeo y el Consulado Europeo, por sentar un “peligroso precedente contra el funcionamiento democrático de la UE y, particularmente, en contra del papel de supervisión del Parlamento” además de estimular el comercio mundial de armas.

Un nuevo informe del Transnational Institute expone el enorme impacto de las políticas de "externalización fronteriza" de la Unión Europea, las empresas que se benefician de ellas y el gran número de personas afectadas. Expandiendo la fortaleza explora cómo el control migratorio se ha convertido en una parte importante de las relaciones exteriores de la UE, con políticas de externalización que requieren que los vecinos "actúen como guardias fronterizos de Europa".

Thales es una empresa francesa, de la que el Gobierno francés posee una parte, que construye una amplia gama de radares, sonares y satélites de vigilancia electrónica, sistemas de comunicación táctica y de gestión de combate, drones, aviónica del helicóptero, vehículos blindados, sistemas de morteros y misiles.

Traducido por Mireia Oliva

En el proyecto de presupuesto de la UE para el 2017 presentado el pasado 30 de junio, la Comisión Europea propuso promover la financiación de la investigación militar con dinero público de la UE mediante una Acción Preparatoria sobre investigación en Defensa (AP) de 90 millones de euros a lo largo de 3 años (2017-2019). Esta propuesta cruzó la tradicional línea roja de que el presupuesto de la UE solo debería financiar actividades y objetivos de carácter civil.

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